Desde que el pasado día 30 de abril la Consejería de Sanidad decidiera, de manera poco elegante, comunicar el cese en su actividad diaria por motivos de jubilación a cerca de 700 médicos del SERMAS, se han sucedido las protestas y manifestaciones en contra de dicha medida. Dejando aparte la total ausencia de respeto en las formas, hecho que caracteriza a la escoria política que nos gobierna y que sufrimos todos día a día, lo primero que conviene aclarar es que la medida es total y absolutamente legal, y tan solo se ciñe al cumplimiento de la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, que establece en su artículo 26 que:

“La jubilación forzosa se declarará al cumplir el interesado la edad de 65 años.”

En los últimos días se han vertido infinidad de opiniones contrarias a esta medida, provenientes tanto de partidos políticos, sindicatos, asociaciones médicas e incluso periodistas, tildando la misma de “injusta”, “inmoral” o “ilegal”. Más aún, muchos se atreven a calificar esta medida simple y llanamente como “despido forzoso”. Para rematar el esperpento, determinadas asociaciones y sindicatos que se arrogan la defensa del colectivo médico poco menos que exigen la realización de un acto público “de desagravio” (sic) a celebrar en el Colegio de Médicos de Madrid. En este contexto, no estaría de más recordar el dicho popular de “líbreme Dios del día de las alabanzas”. Sin dejar de reconocer los indudables méritos que adornan las carreras profesionales de muchos de estos médicos, tampoco sería bueno olvidar la calidad y cantidad de las aportaciones de algunos de ellos en sus últimos años. Sobre la cantidad de opiniones expresadas en los últimos días, es preciso hacer algunas consideraciones. Por un lado, es cierto que la propia ley recoge la posibilidad, siempre como una opción y nunca como una obligación, de prolongar la actividad profesional hasta los 70 años, en el caso de que se dieran una serie de condiciones de interés, actividad relevante, etc. La actuación de la Consejería en este punto conduce a pensar que las medidas se toman con una alarmante falta de criterio. Si ya estaba decidida la jubilación de estos médicos, ¿por qué no de todos los que alcanzan la edad máxima, que sería lo más razonable?, no tiene justificación alguna que se les solicitara la redacción y presentación de una memoria para valorar su continuidad. Es más, parece un insulto a la inteligencia. Es verdad que hasta hace bien poco esta prolongación en el servicio activo se concedía sin apenas reparo a todo aquel que lo solicitara. Nadie, sin embargo, parecía haber considerado seriamente si era realmente necesario, y beneficioso para alguien más que para los propios interesados, el prolongar la actividad de muchos de los solicitantes. Ahora, las circunstancias sociales y económicas en España han cambiado, y lo que antes era una medida “de gracia” se considera innecesaria en muchos casos. ¿Es eso ilegal?: no. ¿Es injusto?: ¿por qué y para quién? ¿Es inmoral?: ¡por supuesto que no! De lo que sí se puede, y se debe, acusar a la Consejería de Sanidad de la CAM es de su desafortunada intención de no renovar las plazas de los médicos jubilados, ocasionando una merma considerable de personal médico en algunos servicios. Por otra parte, que debiera ser más dolorosa para los propios médicos, sabemos que tras la jubilación el médico no se queda desamparado y a merced de los acontecimientos, sino que cobrará mensualmente una bien merecida pensión que, sin llegar a la cuantía que percibían mientras estaban activos, no es despreciable. Y, empero, olvidamos que muchos compañeros, más jóvenes pero muy bien formados, y con enorme interés y ganas de trabajar y contribuir al desarrollo de la Medicina en España, se ven obligados a abandonar la misma o a emigrar a otros países ante la falta de oportunidades. Y estos compañeros, también médicos, no reciben ningún tipo de salario ni retribución. Y eso es algo que no deberíamos tolerar. Desgraciadamente, los médicos parecemos dotados de un especial interés morboso en fomentar y mantener la existencia de castas dentro de nuestra profesión. Es muy llamativa la diferencia de criterio con el que muchos compañeros se enfrentan a las acciones del Consejería de Sanidad de la CAM. Frente a la beligerancia contra la aplicación de una medida legal, sin entrar en consideraciones acerca de las formas de hacerlo, contrasta la pasividad (¿y anuencia?) ante la situación ilegal de eventualidad permanente y mantenida que afecta a un colectivo de médicos aún más numeroso que aquellos que se han visto abocados a la jubilación. Desde hace ya mucho tiempo se mantiene una situación de discriminación económica y laboral con los médicos con contrato eventual (¡a veces durante más de 10 años!), conocida y aceptada por el resto de médicos. ¿Alguien, mención aparte de los propios interesados, ha levantado públicamente la voz quejándose de la mantenida “ilegalidad” e “inmoralidad” de esta situación? ¿Se ha denunciado en los medios, con idéntica contundencia y reiteración, esta anormalidad? ¿Acaso no merecen el mismo respeto los médicos eventuales del SERMAS que aquellos otros médicos propietarios de plaza que, alcanzada su edad legal, deben jubilarse? Pensemos por un momento que tanto lo merecen unos como otros y sólo entonces podremos decir que sí, que defendemos a todos los médicos.