Gestión Pública: ¿el comunismo del siglo XXI…?

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En los albores del siglo XX, el comunismo era la ideología nueva, fresca, rompedora, que prometía solucionar, de una vez y para siempre, todos los agravios pasados, presentes y futuros que se cometieran sobre el pueblo. Las ideas que Karl Marx y Friedrich Engels habían expresado a mediados del siglo XIX en su célebre Manifiesto del Partido Comunista atrajeron innumerables seguidores. Tantos que hasta alguien tan alejado de los postulados marxistas como Winston Churchill sostenía que “…quien no era comunista a los 20 años no tenía corazón…” (aunque después la continuaba con “…pero quien es comunista después de los 40 es que no tiene cerebro…”). En una época de gran inestabilidad geográfica y política, repleta de revueltas que permitían asistir al nacimiento de nuevos estados (y a la refundación de muchos de los viejos), estas ideas prendieron con exagerada virulencia. En numerosos países se implantaron, a lo largo de los dos primeros tercios del siglo XX, distintos regímenes que, al menos en origen, presumían de una base comunista. Ejemplos como los de la Unión Soviética y sus satélites o Albania en Europa; China, Vietnam, Camboya o Corea del Norte en Asia; Cuba, Nicaragua o, más recientemente, Venezuela en Hispanoamérica; Angola, Mozambique, Etiopía o Benín en África, representan la materialización en el poder de todas las variopintas ideologías que se cobijan bajo el paraguas del comunismo. No es necesario recordar como terminaron muchos de ellos después, eso sí, de dejar un reguero de muerte y devastación a su espalda.

Y aún así, el comunismo continúa siendo una bandera que muchos defienden y que, de tanto en tanto, se enarbola como modelo utópico de sociedad ideal a la que todos debemos aspirar. Y cuando sus enfebrecidos defensores son puestos ante la realidad de la historia, de las secuelas dejadas por aquellos a los que idolatran, de la pobreza y miseria que subyacen parapetadas tras la barrera defensora de la “lucha de clases”, la respuesta es, tozudamente, la misma: “…es una buena ideología pero que se ha aplicado mal…”. Se ha aplicado mal en todas partes donde lo ha hecho, en muy distintos países, de muy distintas culturas, con muy distintos líderes y en muy distintas condiciones sociales y políticas. Y, pese a ello, “se ha aplicado mal”… Ni autocrítica, ni reconocer los daños causados, ni renunciar a su imposición. Sólo, “se ha aplicado mal”, lo que implica una obstinada intención de seguir reclamándolo por todos los medios, en la obcecada esperanza de que alguna vez llegue alguien que “lo aplique bien”

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Pues algo similar a lo sufrido con el comunismo sucede, en los albores del siglo XXI, con la no menos sacrosanta Gestión Pública. Una gestión pública que, al menos en España, allá donde se ha aplicado se ha caracterizado por su devastadora ineficiencia, por su esclerosante burocratización, por su indomeñable corrupción. La gestión pública (política) de la banca, de los Medios de Comunicación, de la Universidad o de la Sanidad son buena muestra de la ineficacia de un sistema podrido y agotado, y de la necesidad imperiosa de cambiarlo. Pero, aún con todos estos ejemplos, y los que día si y día también conocemos, todavía hay muchos que siguen no sólo defendiendo sino también exigiendo su aplicación en todos los ámbitos. Continuamente asistimos a las autodenominadas “mareas”, de todos los colores, que claman por mantener a toda costa una estructura obsoleta y carcomida desde dentro. Y no son pocas las voces que, ante las evidencias de ineficiencia que justifican de sobra un cambio necesario, persisten en repetir la manida cantinela de que “es un sistema ideal de gestión pero es que se ha aplicado mal…”. La misma tozudez y cerrazón que caracterizaba a los nostálgicos del comunismo es ahora patrimonio de estos defensores de la Gestión Pública. Siguen reclamando la pervivencia de un sistema donde la autocrítica, la asunción de responsabilidades o la valoración de los méritos individuales brilla por su ausencia. Un sistema tremendamente politizado, donde priman intereses pseudoideologizados sobre el trabajo bien hecho, donde nadie es responsable de su deterioro, tan solo lo es un ente abstracto conocido como “Administración” pero del que ninguno de los reclamantes forma jamás parte, donde la mediocridad, el nepotismo y las corruptelas varias se enseñorean,en mayor o menor medida,en todos los ámbitos donde la Gestión Pública es ley. La respuesta es, siempre, la misma: “…el concepto es bueno, sólo se ha aplicado mal…”

Se ha aplicado mal en las Cajas de Ahorro, esquilmadas por las gestión pública de dirigentes colocados allí por su ideología como único mérito; se ha aplicado mal en la Universidad pública, mangoneada en lugar de dirigida por fanáticos ideologizados que ven en las aulas, antes que la cuna del saber y la evolución, un caldo de cultivo idóneo para alimentar sus propios delirios y ambiciones, y donde cualquiera que no comulgue con la ideología reinante tiene comprometido su desarrollo profesional, por brillante que sea su trabajo; se ha aplicado mal en las Televisiones y demás Medios de Comunicación públicos, donde la información está siempre tamizada por el sesgo ideológico del que manda; se ha aplicado mal en la Sanidad Pública, donde priman los “derechos adquiridos” de una casta privilegiada sobre el esfuerzo y méritos de los comunes, donde las “bolsas de ineficiencia” afloran a poco que uno rasque levemente la superficie, donde cualquier autocrítica de sus responsables es una mera entelequia… Se ha aplicado mal…

Y, por último, además de la repetida justificación sobre los errores en su aplicación y desarrollo, comunismo y gestión pública comparten más aspectos rechazables. Ambas, comunismo y la gestión pública (política) en España, tienen en común su gusto por anular el esfuerzo individual para anteponer los intereses de una casta, muchas veces mediocre, a los méritos de quienes no pertenecen a la misma y, sobre todo, su inmensa capacidad de conducir a la desmotivación y al abandono, antes o después, a cualquiera que no comulgue con la doctrina imperante.

En definitiva, y salvando todas las diferencias existentes entre comunismo y Gestión Pública en un país democrático, lo cierto es que ambas comparten la obstinación en su propia mediocridad, la autocomplacencia sin asomo de autocrítica ni asunción de responsabilidades y una preocupante cortedad de miras que le impulsa a seguir reclamando su imposición cueste lo que cueste y caiga quien caiga. ¿No sería más honrado reconocer que, al menos para España, no es el mejor sistema de gestión?

“Un burócrata es el más despreciable de los hombres, aunque es necesario tal como los buitres son necesarios, pero muy extrañamente alguien admira a los buitres, a los cuales los burócratas se parecen tanto. Todavía tengo que conocer a un burócrata que no sea reparón, lerdo, insensato, burlón o estúpido, un opresor o un ladrón, un portador de un poco de autoridad de la que se vanagloria como un niño se vanagloria de poseer un perro fiero. ¿Quién puede fiarse de criaturas así?”
Marco Tulio Cicerón, Senador y Cónsul romano (106-43 A.C.)

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La responsabilidad ante el fracaso en la Gestión Pública: una necesidad para todos…

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En esta semana se han producido dos hechos que, no por menos esperados y esperables, resultan sorprendentes en la realidad social española. El pasado martes día 23 de septiembre de 2014 se produjo la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón, hasta ese momento Ministro de Justicia del Gobierno de España. Y en la mañana del día 25 de septiembre de 2014, la dimisión de Leopoldo González-Echenique, presidente de RTVE. A estas dos se puede sumar la dimisión acaecida hace ya algunos meses de Javier Fernández Lasquetty, Consejero de Sanidad del Gobierno de la CAM. Lo que tienen en común estas tres dimisiones es que son fruto del fracaso en la gestión encomendada a cada uno de ellos, tanto en la gestión de la Justicia, como de la Sanidad Pública madrileña o de la televisión de todos. Algo que, en principio, parecería lógico e incluso deseable, como es la asunción de responsabilidades derivadas del cargo desempeñado se convierte, por su rareza, en una situación insólita en la gestión pública en España.

Si hay algo que, desgraciadamente, caracteriza la gestión pública en España es su absoluta, o casi absoluta, falta de autocrítica. Nunca pudo imaginar Napoleón Bonaparte que su sentencia tras la Paz de Tilsit, “…la victoria tiene cien padres pero la derrota es huérfana…” se aplicaría de manera tan ajustada a la gestión pública española. Y la Sanidad Pública es, demasiadas veces, un excelente ejemplo de la mediocridad que rodea la gestión pública en España. Ante cualquier éxito, por mínimo que sea, son legión los que se apuntan al mismo. Pero cuando la realidad del fracaso aparece ante el gestor, pocos son los que tienen la valentía de reconocerlo, asumir la responsabilidad del mismo y presentar su renuncia al quedar demostrada su ineptitud para el cargo. Antes bien, si algo caracteriza la gestión pública es que siempre existe un estamento superior al que hacer responsable, y la responsabilidad se va transmitiendo hasta llegar al nebuloso ente de “la Administración” que, como un agujero negro, engulle cualquier posibilidad de exigir una asunción del fracaso. Y esto sucede, tristemente, a todos los niveles de la gestión pública donde, para desgracia de todos los españoles, parece cumplirse con contumaz y machacona insistencia el Principio de Peter según el cual “…todo empleado tiende a ascender hasta su alcanzar su máximo nivel de incompetencia: la nata sube hasta cortarse…”

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En una entrada anterior, se confrontaban los conceptos de “Gestión Pública” frente a “Gestión Profesional” a propósito de otro gran fiasco en la gestión pública española, como ha sido la destrucción inmisericorde de las otrora eficaces y eficientes Cajas de Ahorro. Una de las grandes diferencias entre ambos modelos está en la asunción de responsabilidades. Sin ser el remedio de todos los males, una gestión profesional que permite, bien por responsabilidad o bien por temor a verse alcanzado, eliminar a la jerarquía inepta y mediocre antes de que su gestión conduzca al fracaso de toda la estructura, parece lo más deseable. Y si, pese a todo, el fracaso se consuma, entonces llega el momento en que el máximo responsable de la gestión debe asumir su responsabilidad y abandonar la dirección del proyecto.  Algo que estos tres políticos, conviene no olvidar que nombrados a dedo y por el principal mérito de tener un carné del partido gobernante en este momento, si han tenido, sin embargo, la decencia de hacer. Y con independencia de lo que cada uno pueda pensar de sus motivaciones para hacerlo, no cabe duda de que son un ejemplo para el resto de sus conmilitones de cualquier color, y para el resto de personas con alguna responsabilidad de mando dentro de la llamada “gestión pública”. Desgraciadamente, la experiencia de muchos años demuestra que estas dimisiones no serán más que una mera anécdota, y que mientras no se cambie el sistema las siempre necesarias autocrítica y asunción de responsabilidades no dejarán de ser una mera utopía…

“El precio de la grandeza es la responsabilidad” 

Winston Leonard Spencer Churchill, político y escritor británico (1874-1965)

Gestión Pública vs. Gestión Profesional: a propósito de un caso…

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La dicotomía público-privada deriva, cada vez más, en posturas irreconciliables cuando se aplica a la gestión de recursos o instituciones. El maniqueísmo inherente al pensamiento español, que tiende a identificar siempre una postura como buena frente a la antagónica como mala, presenta siempre en los últimos tiempos a la gestión pública como ejemplo del buen hacer y aspiración deseable para aplicar en todos los ámbitos frente a la gestión profesional que es denigrada y vituperada bajo epítetos como “explotación”, “ánimo desmedido de lucro”, “enriquecimiento”, etc. De acuerdo a los puristas de lo políticamente correcto que no cejan en su empeño de reclamar por todos medios servicios exclusivamente públicos –banca, vivienda, sanidad, educación,… –, sólo la gestión pública garantiza un modelo justo, equitativo, productivo, eficaz y eficiente. Y, probablemente, nada más lejos de la realidad.

Esta semana todos los españoles nos hemos gastado la friolera de 11.839 millones de euros (casi 2 billones de las antiguas pesetas), para arreglar los desaguisados que unas banda de sinvergüenzas formada por políticos de todo pelaje y sindicalistas de la peor calaña habían organizado en la que fue, en su día, la tercera Caja de Ahorros más importante de España. Actualmente agrupada en un maremágnum de entidades englobadas  bajo el nombre de CatalunyaBanc, Caixa Catalunya y el resto de Cajas que lo conforman tan solo tienen en común el tratarse de entidades crediticias otrora solventes y saneadas y que fueron tomadas al asalto, amparados en una ley tan perniciosa para el sistema financiero español como ha sido la LORCA de 1985, por un horda de políticos y sindicalistas sin escrúpulos que las han utilizado a su antojo y mangoneado sin piedad en favor siempre de sus propios intereses (y el de sus partidos y sindicatos, conviene no olvidarlo) hasta esquilmarlas por completo y dejarlas yermas y marchitas. Aunque pueda resultar reiterativo, no esta de más recordar para los ignorantes que las Cajas de Ahorro no eran instituciones públicas ni, por supuesto, ninguna suerte de ONGs. El modelo de negocio de las Cajas de Ahorro y de los Montes de Piedad había consistido siempre en atender la concesión de un préstamo, muchas veces de escasa cuantía y pignorado en función de la prenda que el solicitante dejaba como garantía -joyas u obras de arte-, recuperando posteriormente la cuantía del préstamo más un pequeño interés. Esta actividad no perseguía directamente el lucro de la entidad, sino que más bien preservaba el espíritu de lucha contra la exclusión social y financiera. No obstante, el lucro obtenido se dedicaba tanto al mantenimiento y crecimiento de la entidad como a la labor de la Obra Social. Y así fue mientras la gestión recayó en profesionales independientes y comprometidos con la entidad. Ahora, una vez destrozadas y perdido para siempre el espíritu con que fueron creadas, sólo queda recurrir, una vez más, a la generosidad de todos los españoles para intentar enmendar su despreciable comportamiento y diluir, en la masa informe del Estado, su responsabilidad. Esto es la gestión publica que muchos parecen añorar, y a esto es a lo que conduce: ineficiencia, corrupción, chapuzas,….

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Por supuesto, sin duda se aducirá por parte de todos aquellos convencidos de las bondades de la gestión pública que se confunde ésta con gestión política. ¡Pero es que es lo mismo! No es posible concebir, al menos en España, una gestión pública que no sea una gestión política. Y la razón es muy clara: los máximos responsables de cualquier sistema de gestión pública han sido nombrados, con independencia de los méritos que algunos de ellos puedan acreditar, directamente por políticos, con un notable peso del argumento de su fidelidad al partido gobernante (en ocasiones, el único argumento). Desgraciadamente, esta ha venido siendo la norma en España, con contadas excepciones, desde tiempos inmemoriales. Y una de las características inherentes a nuestro modeló de gestión pública (política) es la nula capacidad para asumir las responsabilidades de la gestión, de manera que por muy mal que se haga, el gestor nunca reconoce sus errores porque siempre hay alguna instancia superior a quien culpar. Y en última instancia, siempre estará el sufrido contribuyente para hacerse cargo de los desmanes cometidos. Al fin y al cabo, la gestión pública, como el dinero público “no es de nadie…”. Esto es gestión pública y por esto tenemos ahora que afrontar, todos, el pago de casi 12.000 millones de euros a costa de los desvaríos de Narcis Serra al frente de CatalunyaBanc.

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Finalmente, uno de los aspectos más llamativos que rodean el esperpento de CatalunyaBanc es la repercusión que ha tenido en la, por otro lado, adormecida y fácilmente manipulable sociedad española. Mientras que en el caso de Bankia las opiniones de sesudos analistas y tertulianos en medios de comunicación de toda índole, la cobertura mediática -especialmente, televisiva- y el acoso y persecución al que ha sido, y sigue siendo, sometido su principal responsable Miguel Blesa, con manifestaciones “espontáneas” plagadas de insultos y reproches cada vez que pisa la calle, el trato dispensado hacia Narcis Serra, presidente de Caixa Catalunya y CatalunyaBanc ha sido radicalmente diferente. ¿Por qué?, ¿por ser catalán?, ¿por ser socialista?, ¿por otras razones?, ¿por ninguna razón? No deja de ser curioso que el responsable de una de las gestiones públicas más desastrosas que se recuerdan, peor incluso que la de Miguel Blesa en Bankia, no reciba ni una mínima parte de la reprobación pública que su compadrón. ¿Tan fácilmente manipulable es la voluntad del pueblo español?

Esto es, y a esto nos conduce, la gestión pública. Aún así, habrá todavía quienes cegados por prejuicios pseuodoideológicos seguirán defendiendo, sin argumentos sólidos ni veraces, su absoluta idoneidad sobre cualquier otro modelo de gestión para cualquier ámbito. Y así nos va…

“Una buena gestión es el arte de hacer los problemas tan interesantes, y sus soluciones tan constructivas, que todo el mundo quiera ir a trabajar con ellos”

Paul Hawken, empresario y escritor estadounidense (1946)