Dentro de la confusión que envuelve todo el conflicto sanitario en la CAM, en esta última semana hemos asistido a 2 sentencias judiciales, aparentemente contrapuestas, sobre los planes privatizadores de la Consejería de Sanidad para la Sanidad Madrileña. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decretó la suspensión cautelar del proceso mientras que otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 no veía razones para la suspensión cautelar del mismo. Dejando de lado las múltiples y variadas opiniones difundidas por los defensores y detractores de cada una de las resoluciones judiciales conocidas, para un lego en el complejo mundo del derecho la realidad que se aparece es que existen opiniones contrapuestas sobre el mismo tema, incluso entre quienes se supone deben determinar la validez y legalidad de este proceso. Eso sí, cualquiera que escuche los argumentos expresados sobre ambas sentencias comprobará que, al igual que sucede con los resultados electorales, ¡nadie ha perdido! Parece algo difícil entender por qué todos interpretan las sentencias a su favor, con independencia del sentido de las mismas, pero sin duda es algo inherente a la mentalidad española.
Con independencia de las sentencias judiciales conocidas, y de las que quedan por conocer, causa cierta desazón comprobar la incapacidad que estamos mostrando los médicos para intentar modificar y mejorar el modelo de Sanidad Pública antes de que otros nos impongan los cambios. Resulta descorazonador ver como lo fiamos todo a procesos judiciales. Y mas aún, que vayamos en ese camino de la mano de partidos políticos y sindicatos que nunca se han preocupado de nosotros y que tan sólo ven ahora una oportunidad de sacar rédito político. Y que, curiosamente, allá donde estos partidos tienen responsabilidades de gobierno maltratan, igual o más si cabe, a los médicos del Sistema Público de Salud. Y tampoco parece muy razonable que vayamos de la mano de esos sindicatos que nunca nos han defendido, más bien al contrario, o que incluso han fomentado la división y discriminación entre los propios médicos, como sucedió en el año 2006 con el Modelo de Carrera Profesional.
Lo que muchos médicos echamos de menos, cada vez más, es la casi total falta de AUTOCRÍTICA que acompaña nuestras reivindicaciones desde que se iniciaran el pasado mes de noviembre. En escasísimas ocasiones se ha reconocido, públicamente, que somos responsables en parte del deterioro de nuestra Sanidad Pública. Que hemos consentido un sistema que ha despreciado méritos mientras premiaba mediocres, que ha rechazado la profesionalización apostando por la gerontocracia y burocracia, que ha tolerado a sabiendas la existencia de bolsas de ineficiencia,…
Y del mismo modo que no hemos sido capaces de reconocer nuestras debilidades, hemos sido totalmente incapaces de plantear alternativas creíbles y realistas para la mejora y el cambio que necesita nuestra Sanidad Pública. Y, por supuesto, sin considerar las, cuanto menos peculiares, propuestas del autodenominado “colectivo de los 600 Jefes de Servicio”. Colectivo este, por cierto, que ha desaparecido coincidiendo, curiosamente, con la decisión de la Consejería de Sanidad de aplicar la ley y proceder a la jubilación de los médicos que alcancen la edad de 65 años. Pero no de todos, reservándose la opción de prolongar la actividad de unos cuantos “elegidos”, no necesariamente los mejores y en función de criterios no muy claros. A este respecto, el Dr. López de la Morena, uno de los médicos jubilados, así lo planteó en una Carta Abierta: “¿Por qué la mayoría de los jefes de servicio se han quedado? Ya sé que son un grupo de presión y que se ofrecieron a que en aras de la estabilidad se contara con ellos, pero no es menos cierto que en algunos casos son un ejemplo muy negativo tanto en la situación actual como para las generaciones venideras…”, “…no entiendo muy bien a aquellos compañeros que, estando en esos puestos de paso, no hayan sabido estar a la altura y ante lo que estaban viendo no hayan presentado su dimisión…”
¿Y todo lo vamos a fiar a la opinión de unos jueces, cuyo conocimiento real de nuestros problemas es, muy posiblemente, bastante limitado? Y sin olvidar que estamos en España, donde las decisiones judiciales son, en algunos casos, realmente peculiares. ¿Es esto lo que queremos?
El Lanzallamas 