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Sobre la Judicialización de la Sanidad Madrileña

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Dentro de la confusión que envuelve todo el conflicto sanitario en la CAM, en esta última semana hemos asistido a 2 sentencias judiciales, aparentemente contrapuestas, sobre los planes privatizadores de la Consejería de Sanidad para la Sanidad Madrileña. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid decretó la suspensión cautelar del proceso mientras que otra sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 9 no veía razones para la suspensión cautelar del mismo. Dejando de lado las múltiples y variadas opiniones difundidas por los defensores y detractores de cada una de las resoluciones judiciales conocidas, para un lego en el complejo mundo del derecho la realidad que se aparece es que existen opiniones contrapuestas sobre el mismo tema, incluso entre quienes se supone deben determinar la validez y legalidad de este proceso. Eso sí, cualquiera que escuche los argumentos expresados sobre ambas sentencias comprobará que, al igual que sucede con los resultados electorales, ¡nadie ha perdido! Parece algo difícil entender por qué todos interpretan las sentencias a su favor, con independencia del sentido de las mismas, pero sin duda es algo inherente a la mentalidad española.

Con independencia de las sentencias judiciales conocidas, y de las que quedan por conocer, causa cierta desazón comprobar la incapacidad que estamos mostrando los médicos para intentar modificar y mejorar el modelo de Sanidad Pública antes de que otros nos impongan los cambios. Resulta descorazonador ver como lo fiamos todo a procesos judiciales. Y mas aún, que vayamos en ese camino de la mano de partidos políticos y sindicatos que nunca se han preocupado de nosotros y que tan sólo ven ahora una oportunidad de sacar rédito político. Y que, curiosamente, allá donde estos partidos tienen responsabilidades de gobierno maltratan, igual o más si cabe, a los médicos del Sistema Público de Salud. Y tampoco parece muy razonable que vayamos de la mano de esos sindicatos que nunca nos han defendido, más bien al contrario, o que incluso han fomentado la división y discriminación entre los propios médicos, como sucedió en el año 2006 con el Modelo de Carrera Profesional.

Lo que muchos médicos echamos de menos, cada vez más, es la casi total falta de AUTOCRÍTICA que acompaña nuestras reivindicaciones desde que se iniciaran el pasado mes de noviembre. En escasísimas ocasiones se ha reconocido, públicamente, que somos responsables en parte del deterioro de nuestra Sanidad Pública. Que hemos consentido un sistema que ha despreciado méritos mientras premiaba mediocres, que ha rechazado la profesionalización apostando por la gerontocracia y burocracia, que ha tolerado a sabiendas la existencia de bolsas de ineficiencia,…

Y del mismo modo que no hemos sido capaces de reconocer nuestras debilidades, hemos sido totalmente incapaces de plantear alternativas creíbles y realistas para la mejora y el cambio que necesita nuestra Sanidad Pública. Y, por supuesto, sin considerar las, cuanto menos peculiares, propuestas del autodenominado “colectivo de los 600 Jefes de Servicio”. Colectivo este, por cierto, que ha desaparecido coincidiendo, curiosamente, con la decisión de la Consejería de Sanidad de aplicar la ley y proceder a la jubilación de los médicos que alcancen la edad de 65 años. Pero no de todos, reservándose la opción de prolongar la actividad de unos cuantos “elegidos”, no necesariamente los mejores y en función de criterios no muy claros. A este respecto, el Dr. López de la Morena, uno de los médicos jubilados, así lo planteó en una Carta Abierta: “¿Por qué la mayoría de los jefes de servicio se han quedado? Ya sé que son un grupo de presión y que se ofrecieron a que en aras de la estabilidad se contara con ellos, pero no es menos cierto que en algunos casos son un ejemplo muy negativo tanto en la situación actual como para las generaciones venideras…”, “…no entiendo muy bien a aquellos compañeros que, estando en esos puestos de paso, no hayan sabido estar a la altura y ante lo que estaban viendo no hayan presentado su dimisión…”

¿Y todo lo vamos a fiar a la opinión de unos jueces, cuyo conocimiento real de nuestros problemas es, muy posiblemente, bastante limitado? Y sin olvidar que estamos en España, donde las decisiones judiciales son, en algunos casos, realmente peculiares. ¿Es esto lo que queremos?

Y al 7º mes de #mareablanca…¿qué?

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Han pasado ya 7 meses desde que la Consejería de Sanidad de la CAM anunciara su intención de privatizar la gestión de 6 Hospitales públicos y varios Centros de Salud. Desde entonces, se han sucedido las protestas y manifestaciones en contra de tal medida desde diferentes colectivos incluyendo a los médicos que trabajamos en la Sanidad Pública. En una anterior entrada en este blog expresé mi decepción con varios aspectos del planteamiento que los médicos estábamos haciendo de esta situación. Y varios meses después, esta sensación particular no ha remitido. Creo que ahora es un buen momento de hacer una reflexión serena acerca de cómo hemos planteado estas reivindicaciones y con que objetivos, porque son aún bastantes los aspectos que están poco claros:

  • El comportamiento de la Consejería, del Consejero y de sus Directores y Subdirectores ha sido y es (y continuará siendo) deleznable. Pero nada que no esperáramos de individuos cuyo único aval para desempeñar su cargo es ser serviles y tener un carnet de un partido, valga la redundancia. Por si mismos, ya justificarían totalmente un cambio de criterio hacia la profesionalización, meritocracia y laboralización del funcionariado.
  • Hemos criticado extensamente la intención de la Consejería de Sanidad, pero la autocrítica ha brillado por su ausencia. Se ha fomentado una postura maniquea de la situación, según la cual todo lo que venga de la Consejería es malo y, por lógica contraprestación, todo lo que sale del colectivo médico es bueno, cuando no inmejorable. Y eso no es cierto. Todos conocemos donde está la mediocridad del sistema, que se hace mal, quien lo hace y como lo hace, en ocasiones desde hace mucho tiempo. Y hemos sido incapaces de poner el dedo en la llaga y empezar la limpieza del sistema desde dentro, denunciando y tratando de eliminar esas bolsas de ineficiencia que todos conocemos.
  • Según avanza el tiempo, crece la creencia en muchos de nosotros en que lo que se pretende es, fundamentalmente, mantener el statu quo tradicional en la Sanidad Pública. Parece que es importante mantener modelos de gestión arcaicos que consagran vicios ancestrales en nuestra profesión: burocracia, gerontocracia, discriminación, nepotismo… Pocas son las voces que se han alzado realmente contra ellos, y que hayan reclamado devolver a los médicos, a todos los médicos, la dignidad en la profesión que hemos ido perdiendo en todos estos años, con la creación de un sistema de castas prácticamente impermeables, que dividen a los médicos en función de su contrato, entre los poseedores de una plaza por un lado y los interinos y eventuales por otro, consintiendo y aceptando situaciones lamentables de discriminación laboral y económica.
  • Cuando se hacen públicos los pliegos de condiciones para la privatización elaborados por la Consejería de Sanidad, lo primero que llama poderosamente la atención es la diferencia de trato que se establece para el personal con plaza fija, al que se le garantizan todo tipo de alternativas a elegir, a cual más favorable a sus intereses, y el trato reservado para el personal eventual, que queda a merced de la voluntad particular de las empresas concesionarias. Cuando se haga efectivo el plan de la Consejería, cientos de médicos, excelentes profesionales muchos, se verán abocados a contratos aún más miserables que los actuales, cuando directamente a la cola del INEM, y habrá que ver entonces si nuestros compañeros con plaza fija se movilizan con igual intensidad o, como viene siendo norma habitual en el SERMAS, achacarán la responsabilidad a la administración escudándose en ella. ¿Exagerado?, tan solo basta comprobar el comportamiento de muchos estos últimos años ante la proliferación de eventuales perpetuos y de la situación de discriminación a la que están sometidos.
  • Los médicos hemos sido incapaces de plantear alternativas creíbles y realizables al plan de la Consejería. Alternativas que supongan una reforma total del sistema y que beneficien a todos, médicos y pacientes. Alternativas que apuesten sinceramente por la profesionalización y la meritocracia en la gestión y el desempeño diario de nuestra labor. Al inicio de la movilización surgió el colectivo de “los 600 Jefes de Servicio” que parecían tener la fórmula para la solución de todos los problemas. Huelga decir lo peregrino de muchas de sus propuestas, en qué quedaron y cual ha sido su comportamiento posterior. Simplemente, desaparecieron. Los motivos, más adelante…
  • Nos hemos permitido la osadía de aventar la idea de que la “calidad de la atención” es significativamente peor en los hospitales con gestión privada. Y de poner en tela de juicio la valía de muchos de nuestros compañeros que en ellos trabajan, y que en no pocas ocasiones superan la que ofrecemos en la llamada Sanidad Pública. Y todo ello sin querer ser conscientes de que muchos somos en buena medida responsables de la formación de los médicos que en esos otros hospitales trabajan, que les hemos enseñado lo bueno y lo malo, y que transmiten nuestra capacidad para la docencia allá donde van.
  • No hemos sido capaces de plantear alternativas razonables, pero hemos encumbrado a personajes como Rafael Bengoa, antiguo Consejero de Sanidad del País Vasco y que recientemente ha sido comisionado por el Gobierno de EE.UU. como asesor para su propia reforma sanitaria. Sus apariciones continuadas en televisión y sus opiniones contrarias a los planes de la CAM lo han convertido en referente para muchos de los que se oponen al plan privatizado, olvidando quizás su papel relevante en la elaboración del llamado Informe Abril en 1991. Es interesante recordar que dicho plan contemplaba medidas como la profesionalización de la gestión clínica, separándola de la actividad médica profesional, la consideración de la meritocracia como argumento prioritario para evaluar la actividad médica, que planteaba el cambio de régimen laboral de los trabajadores apostando por un modelo de laboralización, que introducía la posibilidad del copago por parte de los pacientes y sugería la colaboración público-privada para fomentar la competitividad y aumentar la calidad de la atención. Es sorprendente que medidas que se consideraban necesarias hace más de 20 años para garantizar la continuidad del sistema de Sanidad Pública no se consideren necesarias hoy. ¿Por qué?
  • Y para contribuir aún más a esta ceremonia de la confusión, en el último mes toda la discusión ha estado centrada en reclamar contra la aplicación de la ley. De una ley que contempla la jubilación obligatoria de los trabajadores del sistema público al cumplir los 65 años y que si bien es cierto que contempla la posibilidad de prolongar la actividad profesional hasta los 70 años, esto no deja de ser una opción y nunca una obligación. Infinidad de voces se han alzado contra esta medida olvidando que mientras los médicos jubilados ya han cumplido su carrera y pueden disfrutar de su retiro con su merecida pensión, cientos de médicos residentes recién terminados o de adjuntos jóvenes son contratados de manera vergonzosa, con contratos eventuales perennes o al 50 ó 75% de actividad, o directamente pasan a engrosar las listas del paro. Sin ninguna pensión. Cuando escuchamos clamar a todos los que se oponen a las jubilaciones, da la impresión de estar ante cientos de médicos que superan con creces en saber y capacidades a Marañón, Trueta o Jiménez-Díaz. Y ésta no es, desgraciadamente, la realidad. Cuando se alude a la capacidad de docencia y de formar a otros médicos, se olvida que esta labor ya la hacemos a lo largo de toda nuestra carrera, y que nuestros discípulos aprenden de nuestros aciertos, y también de nuestros errores, a diario. Y que no hay que esperar a los 65 años para poder enseñar el arte de la Medicina a otros.

Pero pese a todo, hemos seguido trabajando y dando lo mejor que tenemos por nuestros pacientes y nuestra profesión. Y cada vez somos más los que estamos convencidos que la única manera de salir de este pozo es apostar por nosotros mismos, por la profesionalización, la meritocracia y muy posiblemente una necesaria laboralización del personal. Y esta es, posiblemente, la única esperanza que nos queda.

 «Well, let’s not start sucking each other’s dicks quite yet.»

Winston Wolfe “Mr. Wolf”

Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)

¿Pagarán los eventuales el coste de la privatización?

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Hace pocos días se han aprobado los “pliegos para la externalización de la gestión de seis hospitales” de acuerdo a los planes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muchos análisis se han hecho en esta última semana a cerca de las condiciones recogidas en el borrador. En la gran mayoría de los mismos la discusión se ha centrado, casi por completo, en las cifras económicas de la propuesta. Abundan las disquisiciones acerca de la cápita o precio que abonará anualmente la Administración a la concesionaria de cada hospital. Tanto defensores como detractores del proyecto han expuesto sus argumentos y las ventajas e inconvenientes que consideran en el mismo. Sin embargo, pocos comentarios se han hecho, ni en forma de declaraciones públicas ni a través de redes sociales y blogs, acerca de un tema tan importante como es la contratación del personal médico.

De acuerdo al proyecto presentado por la Consejería de Sanidad, si alguien puede considerarse beneficiado, o al menos poco perjudicado, es el personal fijo con plaza en propiedad en el SERMAS. Para ellos, la Consejería contempla tres posibilidades:

  • quedarse en el mismo hospital pagándole el Servicio Madrileño de Salud (el importe del salario de estos trabajadores se descontará a la concesionaria),
  • pedir una excedencia e integrarse en la plantilla de la concesionaria pasando a una situación de excedencia especial que le permite el reingreso en cualquier momento,
  • solicitar su traslado a otro hospital de la Comunidad de Madrid cuya gestión ne haya sido «externalizada».

Parece, por tanto, que los profesionales con plaza en propiedad no van a ver mermadas sus condiciones laborales. Podrán optar por trabajar en la concesionaria, pero dependiendo del SERMAS, para la concesionaria, pero pudiendo retractarse, o no tener relación alguna con las empresas concesionarias y solicitar su traslado a otro hospital de la CAM cuya gestión no haya sido privatizada. (Una situación cuando menos paradójica será ver como alguien que en la correspondiente OPE accedió a una plaza en un hospital periférico por no poder hacerlo en uno de los grandes hospitales, se vea ahora colocado en uno de ellos tras así solicitarlo).

Sin embargo, poco se ha hablado acerca del futuro, ciertamente oscuro, de los médicos eventuales contratados en el SERMAS, algunos con más de 10 años de contratos a sus espaldas. De la lectura de los pliegos presentados se deduce rápidamente que serán el colectivo profesional más perjudicado con todas estas maniobras. De acuerdo con el borrador: “para el personal interino y eventual, que así lo desee, se establece la obligación de que sean contratados por la sociedad concesionaria”

Así, en sola frase, liquida la Consejería la situación de inestabilidad y discriminación continua en que mantiene a un buen número de médicos. Por supuesto, ni exige unas mínimas condiciones dignas de contratación para el personal eventual ni la posibilidad de una estabilidad laboral, sino que lo deja a la libre voluntad de las empresas concesionarias. ¿Cómo serán contratados?, ¿en qué condiciones?, ¿por cuánto tiempo?… Da la impresión de que la Consejería ha buscado congraciarse con las organizaciones de la Mesa Sectorial antes que preocuparse por la totalidad de sus trabajadores. En román paladino, la Consejería de Sanidad se ha lavado las manos en este asunto.

Nada nuevo ni sorprendente hay en esta actitud, viniendo de quien viene. Nunca se han comportado de manera digna con los médicos eventuales, y no lo iban a hacer ahora. Lo que desgraciadamente llama la atención, es el silencio casi unánime de aquellos que se supone defienden al colectivo de los médicos. La mayoría de críticas al borrador provenientes de sindicatos y asociaciones médicas se han centrado en el gasto, las cápitas, los costes o la calidad de la atención, pero pocas voces se han alzado en contra de la situación ciertamente precaria en la que pueden quedar miles de médicos eventuales a partir del momento en que sea firme la privatización de los hospitales. Médicos eventuales provenientes tanto de los 6 hospitales a privatizar como los que serán desplazados por la llegada de todos aquellos facultativos que soliciten el traslado de centro. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿A alguien, aparte de a los afectados, realmente le importa?

Tampoco es nueva esta situación. Los sindicatos médicos ya aceptaron la exclusión de los profesionales eventuales en el modelo de Carrera Profesional para Médicos y Titulados Superiores de la CAM de 2006. Desde entonces, se ha mantenido esta situación de marginación de parte de los médicos del SERMAS así que, ¿qué motivos hay ahora para pensar que será diferente?, ¿defenderán estas organizaciones, esta vez sí, al colectivo eventual haciendo gala de esa pregonada “unidad”?, ¿o harán como en 2006 y simplemente aceptarán las condiciones impuestas mientras no altere la situación del personal con plaza en propiedad?

La realidad de las últimas declaraciones no apunta al optimismo. Sorprendentemente, ha generado más rechazo entre los sindicatos que dicen defender al médico la aplicación de la ley, como es el caso de la jubilación a los 65 años, que el incumplimiento sistemático de la legislación vigente en el caso de médicos con contratos eventuales continuados durante más de 10 años. ¿Es esta la defensa que nos merecemos?

Será interesante observar el discurrir de los acontecimientos, ya que más pronto que tarde estas cuestiones quedarán, en uno u otro sentido, aclaradas.