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Sanidad Pública: cuando el enemigo está dentro…

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¡Por si fueran pocos los males que afligen a nuestra maltrecha Sanidad Pública desde diferentes frentes, ahora también la intentan destruir aquellos que dicen defenderla!

Recientemente ha aparecido, en la publicación sanitaria en la red Acta Sanitaria, una ¿reflexión? firmada por el Dr. Manuel Martín García, a la sazón presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que en su particular paranoia no tiene desperdicio alguno. Si ya eran delirantes muchas de las propuestas del portavoz de la FADSP, Dr. Marciano Sánchez Bayle, como su frontal oposición a cualquier intento de cambio y mejora en la eficiencia en el sistema público, (aún a riesgo de continuar y avanzar en la decadencia actual) que quedó clara en su defensa a ultranza del privilegiado status funcionarial del que disfrutan muchos médicos (no todos, pero eso al Dr. Sánchez Bayle le da igual…), las declaraciones de su presidente alcanzan un nuevo nivel “conspiranoico”.

El artículo en cuestión, “Una casta profesional apoya la privatización del Sistema Sanitario Público”, evidencia hasta que punto muchos médicos fracasan cuando intentan salir del ámbito de su propia consulta.  No me atrevería jamás a cuestionar la competencia del Dr. Martín en su saber médico, pero en cuanto a oráculo de la realidad su habilidad es, como poco, cuestionable cuando no francamente risible. Pero vayamos por partes intentando analizar, sin sucumbir a la tentación de abandonarlo,  el artículo de marras.

El planteamiento principal sobre el que construye todo su alucinado discurso este prócer de la defensa de la Sanidad Pública es que existe una conspiración internacional liderada por un oscuro grupo denominado Club Gertech. Dicha asociación existe realmente, y cualquiera puede visitar su página web, pero es presentada por el autor como una gran alianza socioeconómica de la que casi nadie ha oído hablar y que viene desarrollando, desde hace tiempo y de manera invisible para la población y los trabajadores sanitarios, oscuros y turbios manejos en las sentinas de nuestra Sanidad Pública. En esta maléfica alianza privatizadora participarían “…algunas universidades, centros de investigación, empresas de informática y tecnología sanitaria, laboratorios farmacéuticos, fondos de inversión internacional (especialmente de USA y China) y grupos de comunicación…”. De acuerdo a la privilegiada información que el Dr. Martín posee, y que graciosamente se apresta a compartir con nosotros, el objetivo de este grupo seria hacerse con el control de la Sanidad Pública para proceder de manera implacable a su privatización.  No queda claro en el artículo, pero es fácil suponer que aunque inicialmente el objetivo del grupo parece la sanidad española, de salirles bien la jugada se lanzaría sin demora al control de otros sistemas públicos. Al fin y a la postre, y como se evidencia en el artículo, los instrumentos empleados para esta toma del control son aplicables a cualquier otro sistema. Quizás en posteriores entregas de esta apasionante aventura el Dr. Martín tenga a bien revelarnos los planes futuros de esta siniestra organización.

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Entre las perlas con las que el Dr. Martín ilustra su “escrito” destacan las líneas maestras de este devastador plan:

  1. “Controlar toda la información generada por el Sistema Sanitario Público en relación con el estado de salud de la población, recursos disponibles, actividades desarrolladas y su funcionamiento”

De acuerdo a este paladín de la Sanidad Pública, el objetivo es privatizar el Sistema de Información del Sistema Sanitario Público para ponerlo al servicio de las multinacionales sanitarias  a través de forzar a la implantación de la Historia Clínica Electrónica (HCE), de redes informáticas de comunicación entre niveles y profesionales, etc. De esta manera, los conspiradores de la privatización accederán a todos los datos de los pacientes para poder manejarlos a su gusto.

Cualquiera que haya trabajado en alguna ocasión con HCE proviniendo de la tradicional Historia Clínica, en papel y con abultados sobres y carpetas, sabe de sobra apreciar las inmensas ventajas de la misma. ¡Y más aún cuando debe volver, después de emplear la HCE, al modelo de papel manuscrito! Solo los muy ignorantes, o los que no pisan su consulta salvo que se equivoquen, pueden poner en duda el enorme avance que para todos (médicos, enfermería, auxuliares, técnicos, etc.) supone una buena HCE.

  1. “Controlar la planificación estratégica y el funcionamiento de los servicios asistenciales  a través de las Unidades de Gestión Clínica”

El Dr. Martín afirma, sin rubor alguno, que las Unidades de Gestión Clínica (UCG) tienen encomendada la misión de privatizar la gestión de los servicios asistenciales hospitalarios y de atención primaria, modificando su estructura organizativa y funcional. Entre los perniciosos cambios que, a juicio del autor se avecinan estarían: dotar de mayor autonomía de gestión a los hospitales públicos; laboralizar a los trabajadores sanitarios; promover el autocuidado del enfermo mediante tecnologías instaladas en sus domicilios; libre elección de centro sanitario, etc. Este cambio de modelo vendría avalado por grupos profesionales con escasa presencia e influencia en los profesionales asistenciales: FACME (Federación de Asociaciones Científico Médicas), SEDISA (Asociaciones Profesionales y Sociedad de gerentes y directivos de los centros sanitarios públicos), Organización Medica Colegial (OMC), Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Conferencias de Decanos de Medicina y Estudiantes de Medicina, etc., todas ellas de “fuerte perfil conservador” (?)

Quizás sería interesante que el Dr. Martín y sus palmeros, pese a la aversión que parecen tener por las nuevas tecnologías, se dieran una vuelta por sitios como el blog de Tertulias Sanitarias, donde encontrarán una amplia y excelente revisión de cómo las UGC pueden ayudar al cambio que tanto necesita nuestra Sanidad Pública.

  1. “Impulsar y favorecer el uso intensivo de las tecnologías, responsables del crecimiento del gasto sanitario irracional”

Finalmente, el Dr. Martín da con una de las claves del deterioro del sistema: ¡la multiplicación del gasto sanitario en pruebas tecnológicas y servicios especializados puede condicionar la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, incrementar la iatrogenia y las desigualdades de salud!

No deja de ser llamativo que los claman, y reclaman, por imponer su particular concepto de “equidad” en la atención sanitaria según la cual debe de haber “de todo y para todos en todos los sitios” se descuelguen ahora con la revelación de que las nuevas tecnologías son muy costosas. Los mismos que alientan, por ejemplo, que se instalen unidades de radioterapia en cualquier capital pequeña, o que se compren e instalen unidades de PET-TC en cualquier hospital regional, porque “es el derecho de los ciudadanos a disponer de los últimos avances tecnológicos próximos a sus domicilios”, son los que ahora acusan a los gobernantes de estar “vendidos” a las multinacionales que pretenden tan solo colocar sus equipos como sea. Durante años, la tremenda presión ejercida a través de colectivos de pacientes, asociaciones varias y organizaciones como la FADSP han forzado a los distintos gobiernos a realizar enormes inversiones de claro talante electoralista y que, desgraciadamente, han demostrado ser muchas veces innecesarias llegando a estar infrautilizadas. Pero por supuesto, ellos no aceptarán nunca ninguna responsabilidad, porque es bien sabido que “el dinero público no es de nadie”

Si no fuera por la dramática situación por la que atraviesa nuestra Sanidad Pública, motivada por el comportamiento indecente de muchos que se llaman profesionales, tanto de la escoria política como, desgraciadamente, de la propia profesión medica, afirmaciones como las expresadas en el panfleto publicado en Acta Sanitaria no pasarían de la consideración de meras bufonadas sin mayor recorrido. Lo realmente triste es que gran parte de la casta gerontocrática que puebla la Sanidad Pública se aferra a concepciones de este tipo para no reconocer la deriva imparable del sistema ni su propia responsabilidad en la misma. Afortunadamente,  somos cada vez más los médicos que, escarmentados de este falso y pernicioso asociacionismo, apostamos decididamente por un cambio necesario de modelo para poder preservar nuestra Sanidad Pública.

 “En los propios enemigos es donde se encuentra aún mayor bajeza”

Jules Renard, escritor, poeta y dramaturgo francés (1864-1910)

Año I: Los Médicos y la Oportunidad (¿perdida?) de un Cambio Necesario

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En el idioma chino, la palabra “crisis” (危机, weiji), se compone de dos ideogramas: Wēi (危) que se traduce como “peligro” o “amenaza” pero también de Jī (simplificado: 机, tradicional: 機) que se puede traducir como “punto crucial” u “oportunidad”. Dicho de otra manera, toda crisis engloba en si misma una oportunidad de ruptura y cambio que puede suponer un avance significativo si se sabe aprovechar adecuadamente.

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Hace poco se ha cumplido un año desde que la Consejería de Sanidad de la CAM anunciara su plan privatizador de 6 Hospitales públicos y varios Centros de Salud, plan que en este momento se encuentra sub iúdice tras la paralización cautelar decretada por un auto del TSJM. La oposición al plan privatizador de la CAM logro inicialmente unirnos en su contra a la casi totalidad de los médicos que trabajamos en la Sanidad Pública madrileña en una gran #mareablanca, pero pasados los primeros momentos una cuestión emerge cada vez con más fuerza: ¿unirnos?, ¿para qué?, ¿para defender a ultranza el actual statu quo?, ¿o para aprovechar realmente la oportunidad que encierra cada crisis y propiciar un más que necesario cambio en el sistema? Desgraciadamente, parece que los médicos hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en defender el estado actual del sistema, en “quedarnos como estábamos”,antes que en intentar aprovechar la fuerza generada para cambiar un sistema caduco que pide a gritos un cambio radical para evitar su desaparición, que lamentaríamos tanto nosotros como las generaciones venideras.

Desde un primer momento he mantenido que la raíz del problema de nuestra Sanidad Publica no estaba sólo en las intenciones privatizadoras de la Consejería de Sanidad de la CAM, sino que estas eran más bien las consecuencias de una pésima gestión del modelo de Sanidad Pública. Hace unos meses escribí una entrada en este blog (“Sí se puede pero, ¿queremos?”) acerca de los cambios que, al menos en mi opinión, deberíamos promover si queremos mantener una Sanidad Pública de calidad. Pero, sin embargo, ¿qué hemos hecho durante todo este tiempo?

  • Hemos obviado por completo realizar una imprescindible autocrítica de nuestras actuaciones. No somos capaces de considerar que nuestro sistema exige una labor de limpieza, de eliminación de la mediocridad que lo invade, de acabar con la burocracia que lo atenaza. Que es necesario establecer medidas serias que permitan eliminar el despilfarro, la corrupción o la ineficacia, que existen en el Sanidad Pública aunque muchos prefieran ignorarlo (ellos sabrán por qué…).
  • No hemos sido capaces de presentar alternativas creíbles, más allá de la frustrada intentona del autodenominado “colectivo de los 600 Jefes de Servicio”, y cuyas propuestas, algunas realmente peculiares por decirlo de alguna manera, desaparecieron de la circulación en cuanto éstos notaron el aliento de la “jubilación forzosa a los 65 años” en su nuca. A partir de ese momento, ni una significación, porque ya se sabe que “el que se mueve no sale en la foto” (del 30% de prolongaciones…).
  • Hemos rechazado, muchas veces sin ni siquiera conocerlas en profundidad, opiniones que buscaban ofrecer alternativas y buscar soluciones que permitan la supervivencia y el avance del sistema. Opiniones que han provenido desde múltiples ámbitos, algunas bien intencionadas, otras disparatadas, pero que merecían algo más que el enrocarse en una defensa de un modelo agotado. Y lo peor de todo es que aquellos que han mostrado discrepancias frente a esta defensa numantina han sido tachados en muchas ocasiones poco menos que de “colaboracionistas” o de estar a favor de los planes privatizadores de la Consejería. Y nada más lejos de la realidad.
  • Nos hemos arrojado, posiblemente sin pensarlo demasiado, en brazos de partidos políticos y sindicatos. Y conviene recordar que esos partidos que hoy dicen defendernos en Madrid son los mismos que en otras comunidades autónomas, donde gobiernan, mantienen una situación de deterioro y precariedad en la Sanidad Pública cuanto menos similar a la que aquí dicen combatir. Y que decir de esos sindicatos, que ahora se vanaglorian de defendernos pero que en el año 2006 no tuvieron ningún reparo en contribuir a la discriminación laboral y económica de parte de los médicos de la Sanidad Pública avalando con su firma el actual Modelo de Carrera Profesional. ¿Y en éstos confiamos para solucionar nuestra crisis?
  • Demonizamos actitudes como el “ánimo de lucro”, muchas veces sin conocimiento de lo que significa en realidad y sin ser conscientes de las repercusiones que para otros compañeros que trabajan, y excelentemente en muchos casos, en sistemas distintos de la Sanidad Pública. Han proliferado las opiniones que se han permitido el dudoso lujo de cuestionar tanto la calidad de su trabajo como de sus intenciones, incluyendo a todos por igual en el imaginario saco creado del “ánimo maligno de lucro”.
  • Finalmente hemos cometido el que, a juicio de muchos, es uno de los mayores errores que se puede cometer actualmente en España: hemos judicializado nuestro problema. Fiar todo hoy en día a la decisión de unos jueces es, cuanto menos, arriesgado. Y aún abundando en España jueces honrados, ejemplos de sentencias guiadas por criterios políticos no faltan: GAL, Filesa, Bárcenas, Gómez de Liaño, Garzón, 11-M, Blesa, Malaya, doctrina Parot,… Creemos y defendemos que los jueces nos darán la razón “porque nuestra causa es justa y ellos son honestos”. Y así ha sido mientras han sentenciado en contra de los intereses de la CAM. Eso sí, en cuanto un juez ha tomado una decisión, discutible pero ajustada a la legalidad vigente, que nos parece contraria han surgido infinidad de voces afirmando, sin rubor alguno, la manifiesta parcialidad del juez y sus innegables lazos político-familiares que, sin dudad alguna, “le incapacitan claramente para administrar justicia en este caso”. Este es el concepto de justicia que tenemos en España: cuando nos dan la razón, es porque “es lo justo” y cuando sentencian (o incluso antes) en contra, es porque “prevarican porque están vendidos al poder de turno”. Las últimas declaraciones de la portavoz de AFEM así lo atestiguan: “La justicia debe actuar con responsabilidad y conciencia social…» ¿Y si falla en contra es que es irresponsable y no tiene conciencia social? Con esta concepción de la justicia, ¿dónde queremos ir?

Pero, ¿y si en todo esto existiera la oportunidad que estamos buscando para el cambio?, ¿y si estuviéramos desaprovechando la ocasión para afrontar, de una vez por todas, las reformas que llevan tanto tiempo demorándose?

  • Tenemos la oportunidad de apostar, con la evidencia de los hechos y no sólo con las palabras, por un sistema que verdaderamente prime la meritocracia sobre la gerontocracia o el amiguismo, que se cimente sobre los mejores y saque del sistema a los peores y a los que se aprovechan del sistema en su propio beneficio.
  • Tenemos que defender la profesionalización de la gestión, pero a todos los niveles. No basta sólo con que el Gerente o el Director Médico lo sean y dejen de ser nombramientos “políticos”. También es necesario que lo sean los cargos intermedios, los Jefes de Servicio y de Sección, abandonando el sistema de designación actual basado, muchas veces, en tribunales constituidos “ad hoc” que premian gerontocracia/burocracia sobre auténtica meritocracia.
  • Debemos luchar contra la discriminación laboral y retributiva existente en el actual modelo de Sanidad Pública, que mantiene eventuales contratados de manera cuasi perenne (¡llegando incluso a la perversión de denominarlos “eventuales estructurales”!). Sorprendentemente, surgen ahora voces que claman contra la “doble escala salarial” que podría haberse aplicado en los hospitales privatizados. Sorprendentemente porque algunas proceden de Jefes y ex-Jefes de Servicio o Sección, con muchos años de profesión, y a los cuales nunca se les había escuchado previamente protestar contra es “doble escala” a la que estaba y continúa estando sometida la plantilla con contrato eventual en sus propios Servicios. Será que ahora sí podía considerarse discriminatoria la “doble escala salarial”…
  • Y tenemos la oportunidad de intentar el cambio proponiéndole a la administración medidas reales. Medidas que supongan de verdad una oportunidad de mejorar la Sanidad Pública. Medidas prácticas como las propuestas hace ya más de 20 años en el Informe Abril, por ejemplo. Medidas que incluían favorecer la meritocracia y la retribución por objetivos, la competitividad intercentros, aumentar la profesionalización y responsabilidad en la gestión a todos los niveles (también en los mandos intermedios), introducir mecanismos de copago,… Medidas que sin duda aportarían aire fresco y una nueva ilusión a un sistema tan cerrado como el nuestro actual y que permitirían aumentar la motivación personal, optimizar los recursos públicos y, probablemente y como una consecuencia derivada de las mismas, optimizar la gestión de la Sanidad Pública. Medidas que, por otro lado, ya se aplican en otros modelos de Sanidad Pública como el de los Países Bajos, considerada en 2012 la mejor Sanidad Pública de Europa (ranking en donde España aparece en el puesto 24 de los 34 países analizados…)

Con todo, podría pensarse que tras un año de batalla y #mareablanca, y habiendo parado el primer golpe, los médicos habríamos entendido la necesidad de cambiar y evolucionar para mejorar. Pero pese a todo esto, ¿qué hemos ofrecido los médicos para asegurar la supervivencia de la Sanidad Pública? La última manifestación de quienes dicen representarnos consiste, tan solo, en una Carta a los Médicos Madrileños donde brillan por su ausencia cualquier mínimo atisbo de autocrítica o de propuestas reales para el cambio y la mejora. Pero lo que es cierto que cada vez somos más los médicos que estamos convencidos de la necesidad de reformar todo el sistema desde dentro, cambiándolo radicalmente para que siga siendo lo que siempre ha sido, un referente en la Sanidad Pública, sin necesidad de que empresas ajenas se hagan cargo de la misma. Y que estamos dispuestos a luchar por liberarnos de toda la grasa mediocre que le sobra al sistema y por buscar un futuro común que nos permita poder seguir desarrollando nuestra labor con la máxima calidad, pero también con renovada ilusión en nuestro esfuerzo. Pero es cierto que aún no somos bastantes, y que nos enfrentamos no sólo a unos políticos ignorantes e inútiles, con un desconocimiento tremendo de la realidad, sino también a un sistema gerontocrático y burocrático rígido que se resiste a renunciar a sus privilegios y a modificar, en manera sustancial, su statu quo adquirido, y que intenta, por todos los medios, involucrarnos a la mayoría en su defensa. En nuestras manos esta la oportunidad de aprovechar esta crisis para el cambio…

 “Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo… del miedo al cambio”

Octavio Paz (1914 – 1998), poeta, escritor y diplomático mexicano

 

¿Pagarán los eventuales el coste de la privatización?

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Hace pocos días se han aprobado los “pliegos para la externalización de la gestión de seis hospitales” de acuerdo a los planes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muchos análisis se han hecho en esta última semana a cerca de las condiciones recogidas en el borrador. En la gran mayoría de los mismos la discusión se ha centrado, casi por completo, en las cifras económicas de la propuesta. Abundan las disquisiciones acerca de la cápita o precio que abonará anualmente la Administración a la concesionaria de cada hospital. Tanto defensores como detractores del proyecto han expuesto sus argumentos y las ventajas e inconvenientes que consideran en el mismo. Sin embargo, pocos comentarios se han hecho, ni en forma de declaraciones públicas ni a través de redes sociales y blogs, acerca de un tema tan importante como es la contratación del personal médico.

De acuerdo al proyecto presentado por la Consejería de Sanidad, si alguien puede considerarse beneficiado, o al menos poco perjudicado, es el personal fijo con plaza en propiedad en el SERMAS. Para ellos, la Consejería contempla tres posibilidades:

  • quedarse en el mismo hospital pagándole el Servicio Madrileño de Salud (el importe del salario de estos trabajadores se descontará a la concesionaria),
  • pedir una excedencia e integrarse en la plantilla de la concesionaria pasando a una situación de excedencia especial que le permite el reingreso en cualquier momento,
  • solicitar su traslado a otro hospital de la Comunidad de Madrid cuya gestión ne haya sido «externalizada».

Parece, por tanto, que los profesionales con plaza en propiedad no van a ver mermadas sus condiciones laborales. Podrán optar por trabajar en la concesionaria, pero dependiendo del SERMAS, para la concesionaria, pero pudiendo retractarse, o no tener relación alguna con las empresas concesionarias y solicitar su traslado a otro hospital de la CAM cuya gestión no haya sido privatizada. (Una situación cuando menos paradójica será ver como alguien que en la correspondiente OPE accedió a una plaza en un hospital periférico por no poder hacerlo en uno de los grandes hospitales, se vea ahora colocado en uno de ellos tras así solicitarlo).

Sin embargo, poco se ha hablado acerca del futuro, ciertamente oscuro, de los médicos eventuales contratados en el SERMAS, algunos con más de 10 años de contratos a sus espaldas. De la lectura de los pliegos presentados se deduce rápidamente que serán el colectivo profesional más perjudicado con todas estas maniobras. De acuerdo con el borrador: “para el personal interino y eventual, que así lo desee, se establece la obligación de que sean contratados por la sociedad concesionaria”

Así, en sola frase, liquida la Consejería la situación de inestabilidad y discriminación continua en que mantiene a un buen número de médicos. Por supuesto, ni exige unas mínimas condiciones dignas de contratación para el personal eventual ni la posibilidad de una estabilidad laboral, sino que lo deja a la libre voluntad de las empresas concesionarias. ¿Cómo serán contratados?, ¿en qué condiciones?, ¿por cuánto tiempo?… Da la impresión de que la Consejería ha buscado congraciarse con las organizaciones de la Mesa Sectorial antes que preocuparse por la totalidad de sus trabajadores. En román paladino, la Consejería de Sanidad se ha lavado las manos en este asunto.

Nada nuevo ni sorprendente hay en esta actitud, viniendo de quien viene. Nunca se han comportado de manera digna con los médicos eventuales, y no lo iban a hacer ahora. Lo que desgraciadamente llama la atención, es el silencio casi unánime de aquellos que se supone defienden al colectivo de los médicos. La mayoría de críticas al borrador provenientes de sindicatos y asociaciones médicas se han centrado en el gasto, las cápitas, los costes o la calidad de la atención, pero pocas voces se han alzado en contra de la situación ciertamente precaria en la que pueden quedar miles de médicos eventuales a partir del momento en que sea firme la privatización de los hospitales. Médicos eventuales provenientes tanto de los 6 hospitales a privatizar como los que serán desplazados por la llegada de todos aquellos facultativos que soliciten el traslado de centro. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿A alguien, aparte de a los afectados, realmente le importa?

Tampoco es nueva esta situación. Los sindicatos médicos ya aceptaron la exclusión de los profesionales eventuales en el modelo de Carrera Profesional para Médicos y Titulados Superiores de la CAM de 2006. Desde entonces, se ha mantenido esta situación de marginación de parte de los médicos del SERMAS así que, ¿qué motivos hay ahora para pensar que será diferente?, ¿defenderán estas organizaciones, esta vez sí, al colectivo eventual haciendo gala de esa pregonada “unidad”?, ¿o harán como en 2006 y simplemente aceptarán las condiciones impuestas mientras no altere la situación del personal con plaza en propiedad?

La realidad de las últimas declaraciones no apunta al optimismo. Sorprendentemente, ha generado más rechazo entre los sindicatos que dicen defender al médico la aplicación de la ley, como es el caso de la jubilación a los 65 años, que el incumplimiento sistemático de la legislación vigente en el caso de médicos con contratos eventuales continuados durante más de 10 años. ¿Es esta la defensa que nos merecemos?

Será interesante observar el discurrir de los acontecimientos, ya que más pronto que tarde estas cuestiones quedarán, en uno u otro sentido, aclaradas.